La ofensiva patronal europea y los trabajadores
LA
OFENSIVA PATRONAL EUROPEA Y LOS
TRABAJADORES.
En estos
últimos años de crisis hemos vivido una
ofensiva decidida de la patronal sobre todas las conquistas de la clase
trabajadora. Manteniendo la tesis de la “devaluación interna”, en un contexto
de muy débil y fluctuante recuperación que más parece el efecto de nuevas
mini-burbujas prontas a estallar que el
inicio real de un nuevo ciclo de acumulación sostenido, por limitado que sea,
la dirigencia política y social de la Unión Europea nos arrastra a más
profundas pérdidas de derechos y condiciones de vida.
De hecho, un 24,4 % de la
población europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, y en la
mismísima Alemania, que se nos pone como ejemplo, la tasa de personas con relaciones laborales
precarias, que en el año 2000 suponía el 18,5 % de la población activa por
cuenta ajena, en el 2010 había ascendido al 22,5 % (7,5 millones de personas),
un 25 % si se incluyera en la estadística a los estudiantes de Formación
Profesional dual, y sigue subiendo.
Sólo
hay que ver la retahíla de reformas laborales implementadas en los últimos años
en el conjunto del espacio de la Unión, siguiendo fielmente las indicaciones de
las recomendaciones de la Comisión y los Memorándums redactados para los
espacios periféricos del Sur. La idea es avanzar hacia “una segunda fase de la
agenda de la flexiguridad”, como afirma la “Estrategia Europea para el Empleo
2020”, que, como la primera (y ya lo adelantamos algunos en su momento), se
olvidará bien pronto del aspecto securitario respecto de los trabajadores y se
centrará en la flexibilidad, en este caso en cuanto a las condiciones de
desempeño de la actividad laboral (horarios, funciones, etc.), pretendiendo
“gestionar las transiciones en el mercado de trabajo” (es decir, la situación
de temporalidad e inseguridad real ). Un ejemplo palmario de esto es la
reforma laboral portuguesa, que instituyó una bolsa de 150 horas anuales sobre
la jornada ordinaria, no retribuidas como extras, por cada trabajador, a plena
disposición de la empresa con total “flexibilidad”, así como disminuyó las
vacaciones y festivos.
Entre
otras cosas, las reformas han trasladado los costes empresariales al conjunto
de la ciudadanía, por la vía de reducir las cotizaciones sociales y aumentar
correlativamente el IVA, como ha sucedido en Alemania y Hungría; se ha
sostenido la devaluación salarial, por la vía de revisar o suspender la
indexación de los salarios (como en Malta, Chipre, España o Luxemburgo), o por
medio de acuerdos con los sindicatos burocráticos (como en Italia) o mediante
la pura imposición gubernativa (como en Bélgica, donde el Ejecutivo estableció
un margen máximo de evolución de los costes laborales del 0 % para 2013 y
2014); y se ha congelado el salario de
los empleados públicos (Italia, Países Bajos, Portugal), o directamente
recortado (España, Chipre, Grecia, Croacia, Irlanda y Eslovenia).
También
se ha generado todo una nueva “zona gris” entre trabajo y formación, donde los
derechos laborales y de Seguridad Social no rigen en toda su amplitud,
provocando desigualdad y precarización y acostumbrando a las nuevas
generaciones a la idea del desempeño laboral
sin retribución suficiente,
favoreciendo los períodos de prácticas para jóvenes como en Bélgica, República Checa y Portugal,
o los contratos de aprendizaje, como en Dinamarca, Grecia, España, Finlandia,
Hungría, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido. Una “zona gris” gracias a la cual las empresas son generosamente subvencionadas
por todos los contribuyentes, como en la República Checa, donde los períodos de
prácticas son financiados por el Fondo Social Europeo, en el caso de titulados
universitarios y personas sin experiencia laboral, todo ello mientras se
realizan grandes recortes en el sistema educativo público de la gran mayoría de
los países periféricos de la Unión.
También se avanza en la
privatización de los servicios de empleo y orientación profesional, como en
España y Portugal, donde se ha favorecido la actuación de las “agencias
privadas de colocación”, en Lituania, donde se han introducido “vales de
formación” que permiten a los solicitantes de empleo “elegir” donde se forman,
o en Irlanda, donde la iniciativa Job Path
introduce a contratistas privados para prestar “asistencia” a los
parados.
En este
contexto abrumador, la patronal española sigue pidiendo más: la CEOE afirma que
ahora quiere período de prueba de un año para todos los contratos, posibilidad
de transformar los contratos a jornada completa en parciales, rebaja de las
cotizaciones sociales, entre muchas otras cosas; y el Gobierno responde estableciendo
facilidades de despido para los empleados públicos en la norma en la que se
establece el aforamiento del nuevo Rey.
¿Hace
falta seguir? Mientras la izquierda social se dedica a las discusiones
personalistas y a los oropeles mediáticos y se aficiona a discutir sobre la
actualidad más brillante, determinada por las grandes productoras
audiovisuales, la clase trabajadora carga con el peso de la crisis, día a día,
hora tras hora, desde la precariedad, el paro, los recortes, o la
formación-empleo.
Entendámonos:
los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, tienen que participar
activamente en el proceso de democratización
general de la sociedad, junto a muchos otros sectores sociales, no hay
duda; pero tienen que hacerlo con una fuerza propia y un discurso específico, manteniendo
su esfera particular de organización y reflexión, para que sus intereses no se
vean siempre preteridos. No vaya a ser que, al final, construyamos una “nueva
democracia”, sin “puertas giratorias” ni monarca, pero con flexibilidad laboral
acrecentada. Una República que constituya una simple plataforma renovada para
generar un espacio “friendly” para las “maquilas” de la Europa de las
transnacionales.
La
clase trabajadora tiene que tener una voz propia, más allá de las brumas
mediáticas, de las alianzas necesarias, y de las falacias sobre su supuesta
“desaparición”. A ella misma le toca generarla.
José
Luis Carretero Miramar.
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