Comer es un derecho básico.

                La situación social generada por la pandemia del coronavirus es extremadamente grave. En cerca de dos meses de confinamiento se han producido más de un millón de despidos. Cerca de cinco millones de trabajadores están sujetos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), lo que implica que sus retribuciones se han visto enormemente minoradas y que, en muchos casos, a causa del colapso producido en las oficinas de empleo, no han cobrado todavía lo que les corresponde. La mayoría de los trabajadores autónomos están cobrando una prestación de cese de actividad exigua y difícil de obtener. Los sectores del turismo y la hostelería, que representaban en conjunto cerca del 30% del PIB nacional antes de la pandemia, simplemente se han desplomado en el marasmo.

                Pero, además, cientos de miles de trabajadores informales en situación de vulnerabilidad (vendedores ambulantes, migrantes sin papeles, trabajadores de la economía sumergida, parados sin prestación, etc.) se han visto, de manera repentina y brutal sin, literalmente, nada que comer.

                Más de cien mil personas hacen cola estos días ante los bancos de alimentos de la ciudad de Madrid para conseguir algo que echarse a la boca. Entre ellos hay parados de larga duración, trabajadores en ERTE que todavía no han cobrado la prestación, familias de clase media que han tenido que cerrar sus pequeños comercios. La pobreza, hoy, es ubicua y brutal, en una España que prevé que su producción nacional caiga más del 10 % este año.

                Pero en estas calles visitadas por una nueva miseria y una infinita tristeza hay también ubicuas muestras de la solidaridad de los de abajo. De autoorganización social y afirmación de la potencia de lo comunitario, pese al distanciamiento físico que impone la pandemia. Hay redes de gentes e iniciativas solidarias que laboran para alimentar, y no sólo en el sentido biológico, a quienes han perdido todo.

                Nos lo cuenta Aurelio Villanueva, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas. Su colectivo lleva los dos últimos meses dando de comer a más de 800 familias de estos barrios populares de Madrid. Ha contado con la solidaridad de los vecinos y con la ayuda de otras organizaciones sociales, como el sindicato Solidaridad Obrera, que ha abierto una cuenta corriente para recoger dinero para esta iniciativa.

                “Nuestra Plataforma está entregando unos 300 menús diarios y 200 y pico bocadillos, gracias a un contacto con los Bancos de Alimentos que tienen la ayuda del conocido chef español, afincado en Estados Unidos, José Andrés.” Además, entregan paquetes con comida a varios cientos familias y reparten 25 menús infantiles diarios donados por el Restaurante La Carmela, sito en el barrio.

                “La administración está haciendo muy poco”, nos dice Aurelio. Alba Rondón González, también militante de la Plataforma, profundiza en este extremo: “El día 31 de mayo es posible que se acabe el acceso a los menús. Nosotros no podemos mantener alimentado al barrio, es una obligación de las instituciones solucionar esto.”

                 En la madrileña Casa de Campo, Rafael Espantaleón, director de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, nos cuenta cómo funciona la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería en las cocinas de este centro educativo, decano de la formación culinaria en España:

                “Estamos entregando entre 750 y 1000 menús semanales a las asociaciones de vecinos y parroquias de La Latina y Usera. Los servicios sociales del Ayuntamiento nos indican a quién dirigirnos, para que haya un control.  Están participando decenas de profesores y alumnos de la Escuela, en calidad de voluntarios. Hemos organizado tres equipos. En cada equipo hay 3 o 4 profesores, dos trabajadores de la limpieza y unos 15 o 20 alumnos, para garantizar que si alguien enferma, el proyecto no se pare.”

                “La situación es muy dura”, nos cuenta Rafael, “va a ser muy complicado recuperar la trama empresarial y social de los sectores de la hostelería y el turismo. Nuestra iniciativa va a tener que cerrar algún día, porque esto es un centro educativo, y ese día va a quedar un vacío. Hemos recibido cartas de familias de clase media que en ningún caso podían pensar que se iban a ver en esta situación.”

                A unos cientos de metros de la Escuela Superior de Hostelería, en los locales del antiguo colegio Santa Cristina de la FUHEM, junto a diversos grupos de consumo agroecológico y entidades del cristianismo de base, se encuentra la despensa de la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel. José Luis Yuguero, activista de esta organización, que reparte en estos momentos paquetes de comida para unas 1362 familias al mes, nos cuenta que:

                “Hace dos meses repartíamos unas 29 o 30 comidas al mes. Teníamos una despensa bastante llena, alimentada con donaciones, recogidas de dinero y con lo que nos daban cuando nos colocábamos delante de los supermercados del barrio. Ahora todo se ha vuelto caótico. Sólo hay que ver las colas que se han montado en Aluche. Gente levantándose a las cinco y media de la mañana para pasarse siete horas en una cola, por si consiguen algo”

                La Red de Solidaridad Popular, nos dice Yuguero, “entiende que comer es un derecho. Hemos hecho actividades centradas en el concepto de soberanía alimentaria y apoyamos la Carta contra el Hambre. Entendemos que los paquetes que entregamos tienen que ser dignos, en este momento de unos 25 Kilos, para que duren por lo menos unos 15 o 20 días. Y también creemos que se debería implantar la “tarjeta-monedero”, que ya se usa en el barrio de Tetuán, aunque mejor gestionada, para que las familias vulnerables no se tengan que identificar como tales cuando vayan a comprar a un supermercado.”

                Alba Rondón, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas-Canillejas, nos indica que, en esta situación, “una renta básica para ciudadanía debería ser obligada. Cualquier ser humano debería tener lo mínimo para vivir. La administración está incumpliendo la Carta Social Europea, porque las prestaciones que da están por debajo de los umbrales que marca dicho texto legal. No entendemos que significa la palabra emergencia para ellos.”

                La solidaridad cívica de los barrios, las parroquias, los grupos de apoyo mutuo, los centros educativos, las organizaciones obreras, está demostrando que es posible, en medio del mayor y más inesperado de los colapsos, afirmar los valores humanos contra la guerra de todos contra todos. Las administraciones deberían escuchar el sordo rumor de desesperanza que bulle en las calles desoladas por la pandemia. Construir un pueblo fuerte, una sociedad vivible, pasa por hacer de la solidaridad la principal de las virtudes colectivas y el deber esencial de las instituciones comunes.



                José Luis Carretero Miramar.