LECCION EJEMPLAR DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO
La fuerza narrativa de la sentencia que condena a los empresarios es innegable: “Juan Carlos Vallejo, de 20 años, ecuatoriano en situación irregular en España, fue contratado verbalmente por los acusados (…) sin previa obtención del permiso de trabajo, sin ser dado de alta en la Seguridad Social y sin que conste el salario pactado, para hacer diversas tareas”. El fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública devienen necesariamente de la misma condición de inmigrante del trabajador. Las arcas públicas, el dinero de todos, nunca verán los montantes derivados de ese proceso productivo: el Capital no paga impuestos. Eso ya lo harán los asalariados.
Pero la sentencia continúa narrando los hechos con precisión geométrica: “en dicho almacén hay un montacargas que carecía de las normas de seguridad exigidas, dado que no contaba con los oportunos cierres (…) no estaba equipado con resguardos o dispositivos de protección para impedir el acceso a la zona peligrosa (…) y no habiéndose adoptado por la (empresa) empleadora medida preventiva alguna para eliminar el riesgo, hasta el punto de i siquiera haber advertido al trabajador de la prohibición de accionarlo”. ¿Medidas de seguridad?. No será por falta de normativa. Año tras año, mes tras mes ,las leyes preventivas son convertidas en papel mojado por una clase empresarial ávida de beneficios. No es ajeno a ello que el accidente de trabajo, desde el punto de vista social, haya sido disfrazado de suceso inevitable, objetivamente derivado de la industrialización y no del proceso de acumulación capitalista. Pero siempre hay límites: no cumplir las normas mínimas que el Estado diseña con cicatería. Eso es sancionable o es delito, dependiendo de su gravedad y consecuencias. Incluso aquí, incluso hoy día, incluso si el propio Estado no tiene mucho interés en hacer cumplir esa ley.
El resultado final se deriva fatalmente de todo lo anterior con una previsibilidad digna de la Providencia Divina: “el 14 de agosto de 2003, cuando Juan Carlos usaba el montacargas, quedó atrapado, llegando a fallecer (…) el cadáver fue hallado por Javier Amutio (…) quien tras quitarle el buzo azul y las botas de la empresa y esconderlas junto con la mochila del joven, negó a la Guardia Civil conocer la identidad del accidentado, apuntando la idea de que fuera un delincuente que estaba robando”. Increíble reacción del empresario que saca a la luz una gran verdad oculta: no otra cosa es el proletario para el Capital que un ladrón, el límite del proceso de autovalorización del Capital, que con su misma existencia física al tiempo genera y limita los sueños de expansión y crecimiento sin fin del empresario. Si no existiera el trabajador como ente físico, con cuerpo y psiquis, ¿no podría mi empresa crecer hasta el infinito, sin control, sin barrera alguna, sin costes laborales?. ¿Qué otra cosa es, si no un robo contra aquellos que detentan la propiedad privada de los medios de producción, la pretensión del trabajador (especialmente del trabajador extranjero) de tener alimento, vida, seguridad, más allá de las necesidades inmediatas del Capital?.
Obviamente (aunque no tan obviamente dada la realidad de nuestros tribunales de justicia), los empresarios son condenados a tres años de cárcel y a pagar 150.000 euros a la familia del finado por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de imprudencia grave. Recordemos lo que es un delito en su puridad legal: uno de los actos más graves posibles contra uno de los bienes más jurídicamente importantes de la sociedad. ¿Es su actitud un delito?. Ellos creen que no. Y lo más terrible de todo es que no están solos: han recogido firmas contra su condena y ya llevan más de 3000, entre ellas las de todo su ayuntamiento (cinco ediles del PSOE, tres del PP y uno del Partido Riojano) y la del presidente autonómico de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, quien los califica de “ejemplo de ciudadanos cívicos, integrados y responsables”.
Y es que, efectivamente, son ejemplo de todo eso. Más fácil sería decir lo contrario; defraudar en lo posible a Hacienda, a la Seguridad Social, poner imprudentemente (una imprudencia, por otra parte, muy beneficiosa monetariamente) en peligro la vida de los propios trabajadores…todo eso sólo lo hacen personas integradas, responsables. Es decir, los dechados de virtudes que acaparan la propiedad en nuestra sociedad. Se han comportado como empresarios normales. Ojalá pudiéramos decir otra cosa. Quieren a sus hijos, sonríen a los niños, no son monstruos, no sufren espantosas enfermedades mentales. Ni ellos ni quienes les han firmado su petición de indulto. No necesitan integrarse como los trabajadores foráneos que cruzan las fronteras para trabajar jugándose la vida a miles de kilómetros de sus hogares, temblando por el síndrome de Ulises. Simplemente han interiorizado a la perfección la lección central que enseña nuestro modo de vivir: el proceso de acumulación del Capital lo es todo. Todo lo humano, todo lo cívico, todo lo decente.
Lo demás (por mucho que digan otra cosa los jueces) no es más que robo.
José Luis Carretero Miramar.
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