Fábricas recuperadas y autogestión en la nueva realidad de España
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Artículo publicado en la revista argentina "Autogestión XXI".
Con el panorama de la crisis financiera y económica, el Estado español empezó a recortar por lo más delgado. Así el cierre de empresas y los despidos se sucedieron –y se siguen sucediendo– dejando un tendal de desempleados. Al calor de las movilizaciones y de la resistencia, la transformación social (con la autogestión como elemento central) se asoma con fuerza en el horizonte de España.
por José Luis Carretero Miramar (del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA). Madrid, España).
Hace apenas cinco o seis años, hablar de empresas recuperadas o de cooperativismo en España hubiera sido manejar conceptos no sólo marginales, sino profundamente ajenos a los intereses y vivencias de la gran mayoría de la población. En el marco de la sociedad de la burbuja, el consumo desenfrenado y la “fiesta” juvenil, nadie se planteaba –o sólo lo hacían grupos en extremo reducidos o muy localizados geográficamente– la necesidad de trabajar para uno mismo desde perspectivas horizontales o ajenas al mando capitalista.
Marinaleda o Mondragón eran experiencias autogestionarias de dimensión global, pero lo cierto es que la generalidad de la población hispánica permanecía profundamente ajena a los valores que las sustentaban.
Sin embargo, no siempre fue así. Sin tener que viajar tan lejos como a las colectivizaciones surgidas en el marco de la Guerra Civil de 1936-39 (que abarcaban gran parte de la industria, servicios y el agro de la zona republicana), en el escenario de la llamada Transición española del franquismo a la democracia, en los 70, la experiencia de la recuperación de empresas por sus trabajadores jugó un papel trascendente.
Eran tiempos de crisis, fracturas y de grandes movimientos populares. Fue al calor de los mismos que se fraguaron iniciativas como la de Númax, una fábrica de electrodomésticos autogestionada por los operarios como respuesta a su intento de cierre irregular por parte de los dueños, cuya existencia quedó plasmada en dos documentales de Joaquím Jordá: Númax presenta y 20 años no es nada.
Algunas de las experiencias de aquellos años sobrevivieron, pese a todo, hasta la actualidad, como la barcelonesa Mol Matric, hoy responsable de realizar los chasis de una línea de Metro de Barcelona, el tren y cientos de máquinas industriales para empresas como General Motors; o la imprenta Gramagraf, ocupada hace 25 años, y en la actualidad parte del grupo editorial cooperativo Cultura 03.
Pero la Transición terminó. Y lo hizo como un gran fiasco. Las líneas esenciales del régimen franquista fueron mantenidas en lo que constituyó una simple reforma política que introdujo el país en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN, y que concedió ciertas libertades públicas; pero que no tocó los mecanismos esenciales de reparto del poder económico y social. Los grandes movimientos populares se deshincharon, y a la experimentación y la lucha las sustituyó el “desencanto” y el cinismo. Las propuestas autogestionarias nunca desaparecieron, pero fueron relegadas a un espacio puramente marginal.
Y eso fue así mientras la sociedad de la burbuja y su consumo desaforado e irresponsable se mantuvo en plena vigencia. ¿Cómo?: fundamentado en el crédito y la sobreexplotación del trabajo migrante y juvenil, mediante la precarización de las condiciones laborales y la conformación de una legislación de extranjería que fomentaba (de hecho) la actividad sumergida y sin derechos.
Al llegar la crisis financiera y económica actual, las estructuras se modificaban y todo se movía: la escalada inmisericorde de la tasa de paro hasta extremos no vistos anteriormente en la sociedad española y la rápida degradación del tejido productivo y empresarial –al pincharse e implosionar la burbuja inmobiliaria– generaron una situación radicalmente nueva que implicó el inicio de grandes transformaciones económicas y también socioculturales.
El paro y una pobreza revisitada empujaban a amplias capas de la población hacia la economía sumergida y el cobro de los magros subsidios de un Estado del Bienestar que nunca se llegó a desarrollar en España hasta la magnitud alcanzada en los países centrales de Europa.
Los extremos (en puridad, extremistas) ajustes llevados a cabo por los poderes públicos ante el desencadenamiento de la crisis de la deuda externa generada por la socialización de las deudas privadas de las entidades financieras provocaron el efecto que era de esperar: el Estado Español devino un gigantesco páramo económico donde los cierres de empresas se sucedieron y amplios sectores de la población empezaron a quedar excluidos de la actividad productiva.
En ese marco se desataron los sucesos del 15 de mayo de 2011, e irrumpió con fuerza el llamado “Movimiento de los indignados”, que expresó las primeras tentativas masivas de resistencia al proceso de descomposición social impuesto por las dinámicas neoliberales de la UE y los gobiernos españoles.
A partir de entonces, la arquitectura política de la sociedad volvió a ser un elemento debatido y discutido públicamente. La política recuperó una cierta centralidad en las conversaciones cotidianas y en las mentes de la generalidad de la población. Hablar, ahora, de movilizaciones, de resistencia o de transformación social (con la autogestión como elemento central) vuelve a ser posible.
Pero ya en los meses anteriores, al calor del desplegarse de la crisis, se habían ido expandiendo los gérmenes y las semillas de esta nueva situación. Y el recurso de la recuperación de empresas por los propios trabajadores había vuelto a ser pensable.
En ese sentido, ya en los primeros años de la crisis cerca de 40 empresas fueron recuperadas por los trabajadores y puestas a funcionar de forma cooperativa, como afirma la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA). Entre ellas podemos contar emprendimientos como la empresa de robotización Zero-Pro de Porriño (Pontevedra), o la de muebles de cocina Cuin Factory en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que el antiguo jefe participó activamente en la cooperativización y donde todos los recuperadores se impusieran un salario igualitario de 900 euros. También con apoyo del propietario, se autogestionó en Sabadell la metalúrgica Talleres Socar, reconvertida en la cooperativa Mec 2010.
Pero, quizás, la iniciativa más impactante y conocida sea la puesta en marcha por los ex empleados del periódico de tirada nacional Público, que dejó de editarse en papel el 23 de febrero de 2012 y dejó al 90 % de sus trabajadores en la calle. Fueron esos mismos trabajadores los que constituyeron la cooperativa Más Público, que trata de obtener apoyo social y financiero para seguir publicando el periódico en formato mensual.
Sin embargo, pese a estas experiencias, no puede decirse que la vía de la recuperación de empresas se haya vuelto algo habitual o extendido: los trabajadores, en las situaciones de cierre, siguen prefiriendo masivamente hacerse con las prestaciones que comporta un Estado del Bienestar cada vez más menguante y en discusión. Las dificultades de la figura jurídica de la cooperativa en el Derecho español, así como la casi ausencia de previsiones al respecto en la Ley Concursal, junto a cierta pasividad alimentada por las décadas de universo burbujil y conformista, probablemente fundamentan estas limitaciones de la estrategia recuperadora.
Lo que sí parece cada vez más común es el creciente recurso del cooperativismo de muchos desempleados que, ante la situación de anomia productiva y de falta de expectativas de volver a ser contratados, recurren a la posibilidad de capitalización de la prestación por desempleo para la conformación de emprendimientos autogestionarios. Los ejemplos son innumerables (como la cooperativa de electricidad renovable Som Energía, creada en diciembre de 2010) y, en algunos casos, muestran evidentes vínculos con los movimientos sociales (como los relativos a la conformación de experiencias a la imagen y semejanza de la Cooperativa Integral Catalana, o los del ámbito libertario, como la gráfica Tinta Negra). De hecho, de enero a marzo de 2012, se produjo la creación de unas 223 cooperativas nuevas en el Estado Español.
No hay duda. Nuevos caminos están siendo recorridos por la sociedad española, para bien y para mal. Y, entre ellos, el camino de la autogestión empieza a ser cada vez más común.
Marinaleda o Mondragón eran experiencias autogestionarias de dimensión global, pero lo cierto es que la generalidad de la población hispánica permanecía profundamente ajena a los valores que las sustentaban.
Sin embargo, no siempre fue así. Sin tener que viajar tan lejos como a las colectivizaciones surgidas en el marco de la Guerra Civil de 1936-39 (que abarcaban gran parte de la industria, servicios y el agro de la zona republicana), en el escenario de la llamada Transición española del franquismo a la democracia, en los 70, la experiencia de la recuperación de empresas por sus trabajadores jugó un papel trascendente.
Eran tiempos de crisis, fracturas y de grandes movimientos populares. Fue al calor de los mismos que se fraguaron iniciativas como la de Númax, una fábrica de electrodomésticos autogestionada por los operarios como respuesta a su intento de cierre irregular por parte de los dueños, cuya existencia quedó plasmada en dos documentales de Joaquím Jordá: Númax presenta y 20 años no es nada.
Algunas de las experiencias de aquellos años sobrevivieron, pese a todo, hasta la actualidad, como la barcelonesa Mol Matric, hoy responsable de realizar los chasis de una línea de Metro de Barcelona, el tren y cientos de máquinas industriales para empresas como General Motors; o la imprenta Gramagraf, ocupada hace 25 años, y en la actualidad parte del grupo editorial cooperativo Cultura 03.
Pero la Transición terminó. Y lo hizo como un gran fiasco. Las líneas esenciales del régimen franquista fueron mantenidas en lo que constituyó una simple reforma política que introdujo el país en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN, y que concedió ciertas libertades públicas; pero que no tocó los mecanismos esenciales de reparto del poder económico y social. Los grandes movimientos populares se deshincharon, y a la experimentación y la lucha las sustituyó el “desencanto” y el cinismo. Las propuestas autogestionarias nunca desaparecieron, pero fueron relegadas a un espacio puramente marginal.
Y eso fue así mientras la sociedad de la burbuja y su consumo desaforado e irresponsable se mantuvo en plena vigencia. ¿Cómo?: fundamentado en el crédito y la sobreexplotación del trabajo migrante y juvenil, mediante la precarización de las condiciones laborales y la conformación de una legislación de extranjería que fomentaba (de hecho) la actividad sumergida y sin derechos.
Al llegar la crisis financiera y económica actual, las estructuras se modificaban y todo se movía: la escalada inmisericorde de la tasa de paro hasta extremos no vistos anteriormente en la sociedad española y la rápida degradación del tejido productivo y empresarial –al pincharse e implosionar la burbuja inmobiliaria– generaron una situación radicalmente nueva que implicó el inicio de grandes transformaciones económicas y también socioculturales.
El paro y una pobreza revisitada empujaban a amplias capas de la población hacia la economía sumergida y el cobro de los magros subsidios de un Estado del Bienestar que nunca se llegó a desarrollar en España hasta la magnitud alcanzada en los países centrales de Europa.
Los extremos (en puridad, extremistas) ajustes llevados a cabo por los poderes públicos ante el desencadenamiento de la crisis de la deuda externa generada por la socialización de las deudas privadas de las entidades financieras provocaron el efecto que era de esperar: el Estado Español devino un gigantesco páramo económico donde los cierres de empresas se sucedieron y amplios sectores de la población empezaron a quedar excluidos de la actividad productiva.
En ese marco se desataron los sucesos del 15 de mayo de 2011, e irrumpió con fuerza el llamado “Movimiento de los indignados”, que expresó las primeras tentativas masivas de resistencia al proceso de descomposición social impuesto por las dinámicas neoliberales de la UE y los gobiernos españoles.
A partir de entonces, la arquitectura política de la sociedad volvió a ser un elemento debatido y discutido públicamente. La política recuperó una cierta centralidad en las conversaciones cotidianas y en las mentes de la generalidad de la población. Hablar, ahora, de movilizaciones, de resistencia o de transformación social (con la autogestión como elemento central) vuelve a ser posible.
Pero ya en los meses anteriores, al calor del desplegarse de la crisis, se habían ido expandiendo los gérmenes y las semillas de esta nueva situación. Y el recurso de la recuperación de empresas por los propios trabajadores había vuelto a ser pensable.
En ese sentido, ya en los primeros años de la crisis cerca de 40 empresas fueron recuperadas por los trabajadores y puestas a funcionar de forma cooperativa, como afirma la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA). Entre ellas podemos contar emprendimientos como la empresa de robotización Zero-Pro de Porriño (Pontevedra), o la de muebles de cocina Cuin Factory en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la que el antiguo jefe participó activamente en la cooperativización y donde todos los recuperadores se impusieran un salario igualitario de 900 euros. También con apoyo del propietario, se autogestionó en Sabadell la metalúrgica Talleres Socar, reconvertida en la cooperativa Mec 2010.
Pero, quizás, la iniciativa más impactante y conocida sea la puesta en marcha por los ex empleados del periódico de tirada nacional Público, que dejó de editarse en papel el 23 de febrero de 2012 y dejó al 90 % de sus trabajadores en la calle. Fueron esos mismos trabajadores los que constituyeron la cooperativa Más Público, que trata de obtener apoyo social y financiero para seguir publicando el periódico en formato mensual.
Sin embargo, pese a estas experiencias, no puede decirse que la vía de la recuperación de empresas se haya vuelto algo habitual o extendido: los trabajadores, en las situaciones de cierre, siguen prefiriendo masivamente hacerse con las prestaciones que comporta un Estado del Bienestar cada vez más menguante y en discusión. Las dificultades de la figura jurídica de la cooperativa en el Derecho español, así como la casi ausencia de previsiones al respecto en la Ley Concursal, junto a cierta pasividad alimentada por las décadas de universo burbujil y conformista, probablemente fundamentan estas limitaciones de la estrategia recuperadora.
Lo que sí parece cada vez más común es el creciente recurso del cooperativismo de muchos desempleados que, ante la situación de anomia productiva y de falta de expectativas de volver a ser contratados, recurren a la posibilidad de capitalización de la prestación por desempleo para la conformación de emprendimientos autogestionarios. Los ejemplos son innumerables (como la cooperativa de electricidad renovable Som Energía, creada en diciembre de 2010) y, en algunos casos, muestran evidentes vínculos con los movimientos sociales (como los relativos a la conformación de experiencias a la imagen y semejanza de la Cooperativa Integral Catalana, o los del ámbito libertario, como la gráfica Tinta Negra). De hecho, de enero a marzo de 2012, se produjo la creación de unas 223 cooperativas nuevas en el Estado Español.
No hay duda. Nuevos caminos están siendo recorridos por la sociedad española, para bien y para mal. Y, entre ellos, el camino de la autogestión empieza a ser cada vez más común.
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