La transición a una economía libertaria
LA
TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA LIBERTARIA.
Un muy
respetable compañero, y dinosaurio virtual por elección, me pidió hace un
tiempo, una aportación a un posible “programa económico” para el movimiento
libertario. Tenía poco tiempo para
elaborarlo, pero lo que se buscaba, en el fondo, era abrir el debate para la
redacción de un libro. Esto es, básicamente, lo que le envié, creo que, ahora,
puede servir también, más que como guía cerrada o aparato dogmático de cosas
que ni yo tengo del todo claras, como texto impulsor de un debate sobre el
postcapitalismo cada vez más urgente.
La
transformación social necesaria para poner en marcha una economía enteramente volcada
en un paradigma socialista libertario precisa de un proceso de afianzamiento y
desarrollo que implica varias etapas, temporalmente delimitadas. La
construcción de una nueva sociedad y una nueva economía necesita de un
desarrollo gradual, y al tiempo afianzado en momentos de ruptura revolucionaria
del orden precedente.
Se trata de un proceso de
transición que empieza por avances sociales que empoderen a las fuerzas que los
obtienen, y a las clases implicadas en la lucha por su consecución. Estos
avances van desplegando sus efectos,
variando el status quo anterior, reforzando las posturas libertarias, y
acumulando las fuerzas necesarias que deberán expresarse con plena amplitud en
los momentos de quiebra revolucionaria abierta, en los que los procesos de
avance se acelerarán.
Esta visión dinámica del proceso
de construcción de una sociedad transformada, frente a las
conceptualizaciones puramente estáticas
que dibujan el escenario deseado, pero se niegan a imaginar y desentrañar como
alcanzarlo desde la situación actual, empieza por la delimitación de un programa
mínimo para plantear en el momento actual.
El que esas medidas para el ahora
se agoten en sí mismas, en la forma de avances puramente reformistas que
intenten estabilizar el capitalismo, o permitan realmente acumular fuerzas para
un proyecto revolucionario que propone su superación, no depende tan sólo de
como hayan sido redactadas, sino también de las formas en que han sido
alcanzadas (en el marco de un proceso de auto-organización de la clase
trabajadora, o bajo la dirección de fuerzas socialdemócratas externas) y de la
misma textura del proceso de luchas que lleva a su obtención (que puede generar
consciencia de la dominación y de la explotación, así como de las posibilidades
de autodeterminación de las clases subalternas, o configurarse como un “regalo”
de dirigentes carismáticos o un producto de la evolución normal de la sociedad
del Capital).
Estas medidas mínimas para el ahora se
delinean entorno a la idea de que puedan, realmente, reforzar la posición de la
clase trabajadora, variando el status quo actualmente existente, totalmente
desfavorable para ella, y permitiendo y popularizando las experiencias de
autogestión y auto-organización factibles en esta primera fase. Algunas de
ellas podrían ser las siguientes, indicadas sin pretensiones de exhaustividad:
-Medidas tendentes a encarar el
problema de la deuda, que ha alcanzado a ser central en nuestra sociedad, y a
impedir la transformación del capitalismo en un régimen renovado de servidumbre
por deudas. Estamos hablando de todas las deudas, tanto la deuda pública de los
Estados periféricos, como la hipotecaria o de consumo de las familias
trabajadoras. Medidas como la auditoría y repudio, y moratoria de los pagos mientras se realiza lo
anterior, de todas las deudas ilegítimas, ilegales , usurarias, las sustentadas
en cláusulas abusivas y las obtenidas para fines antisociales como el
enriquecimiento de políticos, financieros e inversores transnacionales.
Esto implica una política de
vivienda enteramente diferente, que pasa por la legalización de la ocupación de
los inmuebles vacíos de las entidades
financieras que han sido rescatadas con dinero público por las personas en
situación de necesidad económica, el fomento de la vivienda cooperativa
(estableciendo mecanismos de control que impidan que constructores pirata se
camuflen de supuestas cooperativas para llevar a cabo actividades
inmobiliarias) y la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler
social con los inmuebles de que actualmente dispone la Sareb. Este parque
público será gestionado por los propios habitantes de manera participativa y
autogestionaria, prohibiendo cualquier enajenación o externalización de
servicios a fondos de inversión, fondos buitre o sociedades inmobiliarias.
También debe gravarse con impuestos específicos a los grandes tenedores de
vivienda, e incluir forzosamente en el parque de vivienda bajo alquiler social
aquellas que no cumplan función social alguna durante un período excesivo de
tiempo.
Los suministros básicos para la
habitabilidad (calefacción, luz, agua..) deben de ser prestados de manera
gratuita y pública para las familias de trabajadores precarios y sin recursos,
y deben de ser gestionados por Consejos mixtos de trabajadores, representantes
de las entidades locales y usuarios, sin que puedan ser externalizados en
manera alguna a las entidades privadas y fondos de inversión.
-Medidas tendentes a la
configuración de las bases legales y prácticas para el inicio de la
trasformación de la propiedad pública en comunal-comunitaria, estableciendo
mecanismos de participación activa en lo público para los trabajadores de los
servicios concernidos, los usuarios y organismos locales comunales de nueva
creación, de ámbito local o distrital, basados en la democracia directa y
asamblearia y con competencias en ampliación constante y recursos procedentes
de los impuestos progresivos devengados en su territorio , así como de un Fondo
Interterritorial de Compensación y Solidaridad que garantice el trasvase de
recursos de las zonas y barrios ricos a los espacios obreros y degradados.
-Medidas destinadas a hacer
frente a la huella ecológica y garantizar la transición a una economía verde
sin necesidad de un colapso traumático: fomento de la economía local y comarcal
y de la agroecología, establecimiento de límites y controles a los flujos
económicos transnacionales y globales, lábel sindical y ecológico para los
productos comercializados, que garantice la equidad de género, la
sostenibilidad y la justicia social en su producción; fomento del transporte
público y eliminación de actividades excesivamente contaminantes. Fomento de
las fuentes energéticas renovables sobre la base de un modelo distribuido que
permita la autonomía energética de los espacios locales.
Para hacer frente a una
transición que implica el decrecimiento en la producción material de
cachivaches y la disminución de la concentración urbana, medidas tendentes a
establecer servicios sociales y
culturales públicos y
comunal-comunitarios suficientes en el campo, así como transportes comunitarios
comarcales. También, trabajar para
desconcentrar y hacer sostenibles
ciudades con un tamaño humano, mediante la apertura de zonas verdes,
transportes públicos y huertos comunitarios, y el fomento de la economía
barrial e integrada mediante la limitación de horarios comerciales o la
exigencia de lábel sindical, social y ecológico para las grandes superficies.
-Fomento del trabajo cooperativo
y autogestionario, la pequeña empresa local y el trabajo autónomo sin situación
de dependencia de cadenas de valor ajenas (es decir, que no consista en la
configuración legal de formas de subcontratación sobre “falsos autónomos” o “falsas cooperativas” realmente
dependientes de una principal mucho mayor, muchas veces transnacional).
Creación de un tejido económico propio con base en lo solar y en lo sostenible
social y ambientalmente. Banca
pública-comunitaria y cooperativa, y fiscalidad progresiva orientada al fomento
de sectores de la economía real auto-centrada , así como de los cuidados y la
complejidad cultural y cognitiva. Esto implica control de los flujos
transnacionales de capital y prohibición de la apropiación por fondos buitres y
otros vehículos de inversión especulativa de las actividades estratégicas y las
relacionadas con las necesidades básicas de la población.
-Política redistributiva
encaminada a una mayor equidad en las rentas de la población, así como a un
reforzamiento de la influencia del trabajo organizado sobre la legislación y la
vida cotidiana de las empresas y centros de producción. Disminución de la
jornada laboral, sin pérdida de salario, y puesta en marcha de programas de
Trabajo Garantizado para los desempleados, bajo control y dirección de los
organismos comunal-comunitarios. Eliminación del IVA y puesta en marcha de
impuestos progresivos sobre los beneficios empresariales, las grandes fortunas
y las transacciones financieras
internacionales.
Nacionalización de los sectores
estratégicos, estableciendo mecanismos de cogestión o control obrero, más o
menos avanzados según la relación de fuerzas,
en ellos y en las grandes empresas, ya sean públicas o privadas.
Creación de organismos asamblearios de consumidores capaces de participar en la
gestión de la propiedad pública, junto a los trabajadores y los organismos
comunales locales. Recuperación de la soberanía monetaria y de los controles de
capitales hasta donde se pueda. Salida del CIADI y no renovación de compromisos
internacionales que supongan cesión de soberanía económica o cláusulas que
pongan en peligro el espacio económico nacional y los derechos fundamentales.
Eliminación de las subvenciones a
las organizaciones empresariales. Nuevo modelo de negociación colectiva basado
en las asambleas de trabajadores, en la primacía del convenio de ámbito
superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior, pero nunca empeorado),
en la legalización de los convenios por lugar de trabajo o cadena de valor
(aunque implique a empresas de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a
nivel de grupo de empresas. Prohibición de la subcontratación y las ETTs.
Creación de un servicio de empleo comunal-comunitario con competencias reales,
con prohibición de externalizar sus funciones a empresas privadas. El despido
declarado improcedente por los tribunales conllevará readmisión obligatoria en
el centro de trabajo. Fomento del servicio de inspección de trabajo y adopción
de la normativa más exigente a nivel global en el ámbito de la Prevención de
Riesgos Laborales.
-Desarrollo de mecanismos de
formación e investigación accesibles para todos. Educación gratuita, laica y
pública en todos los niveles (incluidos posgrados). Favorecimiento de los
procesos de innovación educativa, abriendo espacios para escuelas cooperativas
que garanticen perspectivas experimentales en las aulas. Formación integral que
tienda a eliminar diferencias entre trabajadores manuales e intelectuales,
introduciendo elementos físicos en las carreras universitarias y conocimientos
humanísticos en la Formación Profesional. Fin de los conciertos con entidades
privadas. Creación de un Banco Colectivo de Conocimientos, donde los ciudadanos
puedan intercambiar capacidades y conocimientos técnicos de manera autónoma.
Promoción de la educación no reglada y de los centros sociales autogestionados,
dependientes de los organismos locales comunal-comunitarios. Creación de
centros estratégicos de innovación empresarial y tecnológica a nivel local y
sectorial con espacio y suficientes recursos públicos para iniciativas
cooperativas y sociales, así como acceso directo y funcional al Banco Colectivo de
Conocimientos.
-Amplio reconocimiento colectivo
de los luchadores por la libertad, la República y la Revolución Social. Introducción en los planes de estudio del
conocimiento crítico y el debate sobre
las biografías de revolucionarios, escritores, científicos y otras personas que
hayan realizado destacadas contribuciones al bienestar común, sea a escala
local, nacional o global. Retirada de los símbolos fascistas del ámbito
público, así como de los representativos de creencias religiosas específicas.
Tras el afianzamiento de una
nueva relación de fuerzas Capital-Trabajo, basada en la consecución de las
medidas anteriores, que permita el paso
a un desarrollo mayor de las tendencias transformadoras, deberían plantearse
nuevas propuestas de avance al socialismo libertario (ya con todas las letras),
como las siguientes, que se plantean a título puramente ejemplificativo:
-Colectivización de la Banca y de
las grandes empresas, así como de los sectores estratégicos y los relacionados
con las necesidades básicas de la población. La colectivización puede hacerse
por la vía de un impuesto de sucesiones obligatoriamente pagadero en acciones
empresariales, o por la vía de la expropiación, indemnizada o no en función de
la situación evolutiva o de ruptura de la sociedad.
-Socialización de las viviendas
de los grandes tenedores y conformación de un parque comunal-comunitario de
edificios con ellas y el parque público de vivienda bajo alquiler social. El
alquiler será sustituido por el usufructo vitalicio y la gestión será entregada
a los organismos comunal-comunitarios, permitiendo la permuta de viviendas
temporal o definitiva entre los habitantes.
-Los organismos
comunal-comunitarios sustituirán a los ayuntamientos en todas sus competencias.
Se establecerán Consejos comarcales, regionales y nacionales de coordinación de
los organismos comunal-comunitarios que irán sustituyendo al aparato estatal y
que se encargarán de la totalidad de los servicios públicos para la ciudadanía.
Lo esencial de la vida económica se planificará de manera participativa con la
intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos de Usuarios
concernidos. Se permitirán formas de mercado sin uso de trabajo asalariado en
el comercio de proximidad, así como la pequeña empresa o la explotación agraria familiar que
obtenga el lábel comunal
-Se establecerá el lábel comunal (sindical, ecológico, de género y
social) obligatorio para todos los productos comercializados. Este lábel se
aplicará también a las importaciones no estratégicas (las de productos
estratégicos sólo podrán realizarlas los organismos públicos).
-Se limitará drásticamente la
utilización del trabajo asalariado, permitiéndolo sólo en pequeñas cantidades y
para las pequeñas empresas y las explotaciones familiares, en momentos
específicos y por necesidades de producción (estacionales, etc) muy concretas.
Las condiciones de trabajo de los trabajadores asalariados serán vigiladas
directamente por los Consejos de Trabajadores de la localidad concernida, que
podrán revocar el permiso para su utilización. Si hay trabajadores desempleados
recibirán una prestación vitalicia de subsistencia o una cantidad para la
puesta en marcha de una actividad económica como autónomos o como socios de una cooperativa. La
selección de personal de todas las empresas se realizará obligatoriamente por
un Servicio de Empleo público dependiente de los Consejos de Trabajadores, con
mecanismos de control comunal-comunitario para evitar cualquier tipo de
corrupción o burocratización.
-Prohibición de la venta de
activos a corto en la Bolsa y de los derivados financieros, así como de la
entrada en el mercado nacional de hedge funds y otros vehículos de inversión
especulativa. Socialización definitiva de la Banca. Ligazón de la moneda a la
riqueza producida en la economía. Puesta en marcha de experimentos locales de
diversas clases de moneda social y
criptomoneda social con los recursos imprescinidbles, para obtener los
conocimientos necesarios para la socialización de la moneda.
- Colectivización de las tierras
que no puedan ser trabajadas por la familia de su propietario, sin necesidad de
trabajo asalariado salvo para determinadas labores estacionales o auxiliares.
Estas tierras pasarán a formar la columna vertebral de la propiedad
comunal-comunitaria en el campo, y serán gestionadas por los propios
campesinos.
Todas las líneas programáticas
aventuradas hasta ahora son esencialmente tentativas, y han de estar abiertas
al debate permanente, lo más amplio y riguroso que sea posible, ya que deben
ser enormemente sensibles a la situación real y a los contornos concretos de la
lucha de clases. Momentos de crecimiento acelerado de la consciencia de las
clases populares, o de grandes conflictos, pueden abrir la espita que permita
poner en primera línea propuestas del programa de avance socialista o del
programa máximo, antes de que se hayan alcanzado propuestas importantes del
mínimo. Asimismo, momentos de lenta acumulación de fuerzas y de construcción de
una ligazón estrecha con las masas populares, al estilo de lo realizado por los
zapatistas en la década anterior a su aparición pública de 1994, pueden sustentarse en la popularización y
debate de líneas programáticas mínimas, pero de amplia importancia para la
existencia cotidiana de las clases populares. Las situaciones de quiebra y
vacío de poder deben de ser aprovechadas, pero el ensimismamiento en las
reclamaciones más radicales, o en el “horizonte radiante de la Humanidad”, sin
aterrizarlo en la forma de la construcción concreta de alternativas para el
ahora mismo, debe ser limitado.
Así pues un programa de
construcción del socialismo libertario debe estar siempre abierto, y sus
militantes deben aguzar los oídos para saber identificar las necesidades y los
deseos de las clases subalternas. Lo escrito aquí es una simple propuesta, el
redactado de un programa auténticamente operativo para las décadas venideras precisaría
de un proceso colectivo y masivo de reapropiación y debate de largo recorrido.
Esperamos, en todo caso, haber
podido contribuir a ese debate con la mejor de nuestras intenciones y una
perspectiva lo suficientemente amplia.
José Luis Carretero Miramar.
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